El Gobierno presentó un proyecto de ley para reemplazar el actual Código de Minas, vigente desde hace más de 25 años, con el propósito de actualizar el marco legal que regula la actividad minera. La iniciativa busca reforzar la protección ambiental, fortalecer la supervisión del Estado y promover la formalización de los pequeños mineros, sin frenar el desarrollo de nuevas inversiones en el sector.
Uno de los principales cambios contempla la creación de una licencia ambiental integral que abarcará todas las fases de un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre y poscierre de las operaciones. Además, las empresas deberán presentar planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de sus actividades, respaldados por garantías financieras que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
El proyecto también incorpora nuevas causales para la caducidad de los títulos mineros, entre ellas la comprobación de daños a fuentes hídricas. Asimismo, amplía las restricciones para desarrollar actividades extractivas en zonas con valor ambiental, social o cultural, con el objetivo de proteger ecosistemas y territorios considerados sensibles.
Como parte de la reforma, se propone un régimen especial para facilitar la formalización de pequeños mineros mediante herramientas y acompañamiento institucional. Paralelamente, el Estado fortalecerá los mecanismos de control y vigilancia para enfrentar la minería ilegal y mejorar la fiscalización de las actividades extractivas.
Según explicó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, la propuesta fue elaborada desde 2024 y pasó por procesos de consulta con comunidades, gremios, entidades públicas y la academia. La funcionaria indicó que el objetivo es impulsar una minería con mayores estándares de sostenibilidad, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el desarrollo del sector genere beneficios para las regiones y el país.
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