El Perú tiene una oportunidad histórica para consolidarse como uno de los principales destinos de inversión en América Latina, siempre que fortalezca su marco institucional, garantice seguridad jurídica y promueva un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. Así lo sostiene Antonio Mendoza Zavala, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, en un análisis sobre los desafíos que enfrenta el país para captar inversiones de largo plazo.
El especialista señala que, aunque el país mantiene una sólida estabilidad macroeconómica y cuenta con reservas internacionales que superan los US$ 98 mil millones, este escenario por sí solo no basta para competir en un mercado global donde los inversionistas priorizan la confianza, la predictibilidad y la calidad institucional. En ese contexto, advierte que el Perú debe decidir si aprovechará esta ventana de oportunidad o permitirá que otros países capten el flujo de capital internacional.
Según el análisis, los grandes fondos de inversión y de pensiones ya no evalúan únicamente la rentabilidad de los proyectos, sino también el entorno regulatorio, social y ambiental en el que se desarrollan. Por ello, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se han convertido en un factor determinante para la asignación de inversiones en sectores estratégicos como la minería.
Entre las principales condiciones que el país debe fortalecer destacan la existencia de autoridades competentes y ágiles que otorguen permisos con criterios técnicos y plazos predecibles, la firmeza jurídica en las autorizaciones para brindar seguridad a las inversiones y una gobernanza territorial que permita un relacionamiento efectivo con las comunidades mediante mecanismos de diálogo y consulta.
El documento también enfatiza que una regulación eficiente y coherente representa una ventaja competitiva para el Perú. Lejos de desalentar las inversiones, un marco normativo claro y estable genera mayor confianza entre los inversionistas internacionales, quienes buscan proyectos con reglas previsibles y sostenibles en el tiempo.
Finalmente, Mendoza Zavala sostiene que el futuro de la competitividad del país dependerá de su capacidad para combinar crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e institucionalidad sólida. En ese escenario, la minería podría desempeñar un papel clave como motor de inversión y desarrollo, siempre que el Estado y el sector privado impulsen un nuevo pacto basado en la confianza, la eficiencia y la responsabilidad social.
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