El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó el Decreto Supremo N.° 014-2026-EM, una norma que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera con el objetivo de optimizar los procedimientos de evaluación ambiental y fortalecer la competitividad del sector minero sin reducir los estándares de protección ambiental.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de 40 a 60 plataformas de exploración minera que podrán tramitarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este instrumento tiene un plazo de evaluación de 30 días hábiles, mientras que anteriormente los proyectos que superaban las 40 plataformas debían presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, cuyo proceso de evaluación podía extenderse hasta 90 días hábiles.
La nueva normativa también establece reglas más claras sobre los plazos que deben cumplir tanto las autoridades como los administrados durante el procedimiento de evaluación ambiental. Asimismo, busca evitar la duplicidad de observaciones entre las entidades evaluadoras y crea mecanismos de asistencia técnica para que las empresas puedan subsanar las observaciones de manera más oportuna.
Otro aspecto importante es que el decreto permite notificar al administrado las observaciones formuladas por la entidad evaluadora incluso cuando alguna entidad opinante aún no haya emitido su informe. Con ello se evita la paralización del procedimiento y se reduce la incertidumbre en la tramitación de los proyectos de exploración.
El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, destacó que la medida no implica una flexibilización ambiental. “Los estándares de protección se mantienen intactos. Lo que hacemos es ordenar y agilizar el procedimiento, para que el país pueda contar con más proyectos de exploración, más inversión y más empleo”, señaló.
El Decreto Supremo N.° 014-2026-EM cuenta con el refrendo del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, además de la firma del presidente de la República. Según el MINEM, la norma busca dinamizar la cartera de proyectos de exploración minera, promover la inversión privada y brindar mayor seguridad jurídica a las empresas, manteniendo el pleno cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Con esta medida, el Gobierno apuesta por acelerar el desarrollo de nuevos proyectos de exploración, etapa clave para identificar futuros yacimientos y sostener el crecimiento de la industria minera peruana en los próximos años.
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