El Ejecutivo plantea una nueva regulación para la pequeña minería y minería artesanal, además de fortalecer la trazabilidad del oro y la fiscalización de las plantas de procesamiento para combatir la minería ilegal.
El Gobierno prepara una nueva Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), con el objetivo de ordenar el proceso de formalización y establecer reglas diferenciadas para los pequeños productores mineros y mineros artesanales. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que la propuesta podría ser presentada en un plazo máximo de dos meses.
El proyecto deberá considerar la situación de los mineros inscritos actualmente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Shinno explicó que quienes se encuentran en proceso de formalización no podrán culminar el procedimiento antes del 31 de diciembre, aunque aclaró que ello no implica una ampliación automática del registro. La nueva legislación determinará qué mecanismo permitirá dar continuidad a los casos que hayan avanzado en su proceso.
Uno de los puntos que busca modificar el Ejecutivo es la diferencia entre las exigencias aplicadas a los pequeños mineros y mineros artesanales y aquellas correspondientes a operaciones de mayor escala. Según el ministro, la nueva normativa deberá establecer requisitos acordes con las características de cada actividad. La propuesta será sometida a consulta con los gremios del sector y las empresas mineras formales.
Mayor control sobre las plantas de procesamiento de oro
En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas plantea reforzar el control sobre las plantas donde se procesa el oro como parte de la estrategia contra la minería ilegal. El ministro advirtió que algunas de estas instalaciones podrían ser utilizadas para ocultar el origen ilegal del mineral y estar vinculadas entre sí mediante testaferros.
Ante esta situación, el Ejecutivo busca mejorar la trazabilidad del oro y determinar posibles vínculos entre plantas que operarían bajo un mismo grupo económico. La medida apunta a fortalecer los controles sobre la cadena de comercialización y procesamiento del mineral.
Para ello, el Gobierno prevé coordinar acciones con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Economía y Finanzas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el propósito de identificar a los actores involucrados y sus relaciones económicas.
Asimismo, se evalúa fortalecer la participación del Gobierno Nacional en la fiscalización de determinadas operaciones, mediante organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), cuando corresponda.
El ministro sostuvo que el proceso de formalización minera lleva cerca de 14 años y consideró necesario establecer una ruta que permita concluirlo dentro de un plazo razonable. La nueva legislación buscará combinar la continuidad de los procesos de formalización con mayores controles para evitar que la minería ilegal opere dentro de la cadena formal.
Ejecutivo también busca reducir trámites en el sector
La agenda del Gobierno incluye además una revisión de la tramitología minera, la mejora del uso de los recursos del canon y el impulso de proyectos considerados estratégicos para el sector, entre ellos Michiquillay, Galeno y Tía María.
El Ejecutivo también evalúa medidas relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), ante el incremento de las cotizaciones internacionales provocado por los conflictos en Medio Oriente. La eventual incorporación de gasolinas y diésel al mecanismo deberá ser definida junto con el Ministerio de Economía y Finanzas.
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