El territorio concesionado para la actividad minera en el Perú alcanzó los 22 millones de hectáreas durante el último año, tras incrementarse en 2.6 millones de hectáreas, impulsado por el mayor interés de las empresas en desarrollar proyectos de exploración ante el favorable contexto de los precios internacionales del cobre, el oro y la plata.
De acuerdo con información difundida por CooperAcción, las regiones con mayor porcentaje de su territorio concesionado son Apurímac (76.5%), La Libertad (63.1%), Áncash (55.1%), Lima (48.8%), Moquegua (48%) y Arequipa (46.8%). No obstante, la superficie actual aún se mantiene por debajo del récord histórico registrado en 2013, cuando las concesiones superaron los 26 millones de hectáreas.
El crecimiento de las concesiones coincide con un mayor dinamismo de la industria minera. Durante el primer semestre de 2026, la inversión minera alcanzó US$ 1,500 millones, lo que representa un incremento de 43.7% respecto al mismo periodo del año anterior. La macrorregión sur concentró el 64% de estas inversiones, impulsada principalmente por proyectos cupríferos. Asimismo, la cartera nacional contempla 67 proyectos de inversión valorizados en aproximadamente US$ 64,000 millones.
Sin embargo, pese a que las concesiones abarcan el 17.6% del territorio nacional, solo 2.3 millones de hectáreas registran actividad minera efectiva, incluyendo labores de exploración, explotación, plantas de beneficio y procesos de cierre. Esto significa que apenas una pequeña fracción de las áreas concesionadas se encuentra actualmente en uso.
Ante este escenario, especialistas de CooperAcción consideran que el próximo gobierno deberá evaluar la situación de las concesiones inactivas para evitar posibles casos de especulación o acaparamiento de derechos mineros, especialmente en un contexto en el que se busca acelerar el desarrollo de nuevos proyectos.
Asimismo, advirtieron que el segundo semestre de 2026 será clave para definir la política del país frente a la minería informal, ya que en diciembre vence el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Entre los principales desafíos figuran fortalecer la gobernanza del sector y reforzar las estrategias para combatir la minería ilegal, con especial atención a la protección de las comunidades más afectadas por esta actividad.
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