La minería ilegal continúa expandiendo su alcance en el Perú y ya no se limita únicamente a la extracción de oro. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que esta actividad ilícita viene ganando terreno en la producción de cobre, impulsada por los altos precios internacionales del metal, hasta alcanzar volúmenes equivalentes a cerca del 5% de las exportaciones cupríferas nacionales.
Según el organismo internacional, tomando como referencia las exportaciones de cobre reportadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que superaron los US$ 23,000 millones durante 2024, más de US$ 1,150 millones podrían estar vinculados a producción de origen ilegal. Esta situación representa un desafío creciente para uno de los sectores más importantes de la economía peruana, considerando que el país se mantiene entre los principales productores mundiales de cobre.
El FMI señala que el crecimiento de la minería ilegal constituye uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas de mediano plazo. La preocupación se centra en el impacto que genera sobre la competitividad de las operaciones formales, la confianza de los inversionistas y el desarrollo de nuevos proyectos mineros, una cartera que actualmente supera los US$ 64,000 millones en inversiones previstas.
El informe también revela que la presencia de minería ilegal se ha acelerado significativamente después de la pandemia. Entre 2018 y 2024, la probabilidad promedio de actividad ilegal en los distritos del país aumentó 7.8 puntos porcentuales, registrándose más de la mitad de este crecimiento solamente entre 2023 y 2024. La expansión se concentra en zonas de la Amazonía y regiones andinas donde existen importantes yacimientos de oro y cobre.
Uno de los aspectos más preocupantes es que la actividad ilegal estaría penetrando cada vez más en áreas donde operan compañías mineras formales. De acuerdo con el análisis, más del 80% de los distritos con presencia de minería legal presentan también una alta probabilidad de registrar operaciones ilegales, generando riesgos ambientales, sociales y económicos para las comunidades y las empresas que cumplen con la normativa vigente.
El organismo también alertó sobre los efectos de esta actividad en el sistema financiero. Entre 2020 y 2024, los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representaron, en promedio, un valor equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. Según el FMI, las organizaciones criminales utilizan empresas formalmente constituidas y plantas autorizadas para introducir minerales de origen ilegal en los circuitos legales de comercialización.
Asimismo, el reporte cuestiona la efectividad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que las sucesivas ampliaciones de sus plazos y las limitaciones en los mecanismos de supervisión han generado espacios que podrían ser aprovechados por operadores ilegales para continuar desarrollando actividades fuera del marco legal.
Frente a este escenario, el FMI recomienda reforzar la fiscalización de toda la cadena de suministro minera, fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y control financiero, cerrar vacíos normativos y combatir la corrupción. El organismo concluye que frenar el avance de la minería ilegal resulta fundamental para proteger las inversiones, garantizar la generación de empleo formal y preservar la estabilidad económica e institucional del país.
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